Alarma pública y reacciones de diversos tipos, que van desde cuestionamientos a las autoridades e instituciones, hasta demandas judiciales, provocó el anuncio en cuanto a la supuesta no existencia de contaminación en la bahía de Mejillones, según un estudio recopilatorio realizado por investigadores de la Universidad de Chile, encabezados por el doctor Víctor Marín.

Como una respuesta natural a ese estudio, un grupo de doctores de la UA encabezados por Jorge Valdés, puso sobre la mesa los resultados de una investigación realizada por ellos con el aporte financiero del Gobierno Regional, que comenzó en 2005 y que tuvo por objetivo realizar una caracterización ambiental completa de esa bahía, considerando la calidad de las aguas, los sedimentos del fondo y los organismos que allí habitan.

“Desde 2005 hicimos mediciones de agua, organismos y sedimentos marinos en Mejillones. Asimismo, revisamos la información publicada en los informes técnicos y revistas científicas, y concluimos que el desarrollo industrial en la bahía está generando un impacto que se refleja, principalmente en la acumulación de metales en los sedimentos del fondo marino”, explica el doctor Jorge Valdés.

De acuerdo a mediciones realizadas en dos períodos de tiempo, esto es año 2000 y 2005, se observó un incremento de plomo, níquel y zinc en los sectores en donde se localizan las industrias de la zona, así como la presencia de partículas de carbón, elemento que está asociado indiscutiblemente a la presencia y acción de las plantas termoeléctricas instaladas.

“Estos resultados fueron publicados en revistas científicas, por lo tanto, son validados por nuestros pares, y las conclusiones son claras respeto a que el desarrollo industrial en Mejillones ha provocado un impacto”, agregó Valdés.

Ante este escenario, el académico de la Facultad de Recursos del Mar de la UA, señala que es ahora cuando se debe generar una mesa de trabajo, normas de calidad y planes de manejo para la bahía de Mejillones, “crear responsabilidades compartidas entre las autoridades, universidad, servicios públicos y las industrias, para resguardar la calidad del ambiente y la salud pública”, enfatizó.

El estudio, que contó con un financiamiento de 265 millones de pesos aportados por Corfo a través del Fondo de Desarrollo e Innovación, fue realizado por los doctores Marcos Ortíz, Rubén Araya y Jorge Valdés de la Facultad de Recursos del Mar de la UA, apoyados también por profesionales, técnicos y estudiantes de la institución.

Asimismo en Antofagasta un estudio similar al realizado en Mejillones, también habría detectado contaminación en la bahía. “Encontramos evidencia de contaminación tanto en el agua como en el fondo marino cercano a lugares donde tenemos actividades industriales, como Coloso, el puerto y el sector de las petroleras”, indicó el experto.

Respecto de los organismos, el estudio también arrojó la presencia de ciertos metales en, por ejemplo, los ostiones que se ubican en el lecho marino cerca del puerto “encontramos que en algunos casos los índices de presencia de metales son muy superior a la única y básica norma que existe para medir esas concentraciones en organismos marinos para el consumo humano. Al igual que con los resultados de los estudios de Mejillones, también en este caso, las conclusiones han sido publicadas en diversas revistas científicas, y los resultados entregados a la autoridad competente” concluyó Jorge Valdés.

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La conformación de una mesa de trabajo destinada a determinar una nueva normativa que regule la contaminación odorífica acordaron esta semana la Ministra del Medioambiente, María Ignacia Benítez, y los diputados de la Comisión de Recursos Naturales, en el contexto de la discusión efectuada por la instancia en torno a dos proyectos de ley iniciados en la Cámara.

La información fue confirmada por la Ministra Benítez y por la presidenta de la Comisión de Recursos Naturales, la diputada Andrea Molina (UDI), tras la sesión del pasado miércoles 16 de mayo, ocasión en la que la representante del Ejecutivo fue invitada para opinar sobre la moción que define y establece sanciones a la contaminación odorífica y la moción que tipifica la contaminación atmosférica por malos olores o contaminación olfativa.

La Ministra Benítez explicó que la normativa de olores no es materia que requiera de un proyecto de ley, sino que de un decreto supremo. Aclaró que son procedimientos reglamentados en la Ley de Bases del Medioambiente que dan cuenta de los pasos que se deben seguir, los cuales incluyen la elaboración de estudios, una consulta ciudadana y la definición de los niveles básicos tolerados.

Resaltó que el tema de olores es un problema real que afecta la calidad de vida de las personas, pero que tiene un componente muy subjetivo a considerar, por lo cual la normativa debe procurar elementos objetivos de medición, que estén perfectamente documentados y que den cuenta de cómo se debe hacer, de los límites a los cuales se quiere llegar, los grados de excedencia de la norma.

La diputada Molina calificó muy positivamente el encuentro y destacó tanto la conformación de la mesa de trabajo, como la disposición del Ejecutivo para adelantar algunos estudios. “Esto ya nos pone en un escenario distinto donde el tema de olores no va a esperar per sé, porque ya tiene un tiempo de inicio y vamos a presionar para un tiempo de término”, enfatizó.

Informó que la Ministra va a redistribuir sus recursos al interior del Ministerio para realizar esos estudios, en tanto que la Comisión continuará trabajando, como lo ha hecho desde hace tres semanas, con los abogados y con la Biblioteca de Congreso Nacional para hacer una presentación sobre lo que consideran debiera ir dentro de la normativa de olores, más allá de las mociones presentadas, que parecen buenas en su espíritu, pero que hoy resultan insuficientes.

La legisladora indicó que la normativa intervendría, por ejemplo, frente a los rellenos sanitarios, plantas de tratamiento o empresas que crían cerdos o aves, que hoy no necesitan de un estudio de impacto ambiental para instalarse, sino que sólo una declaración. Dijo que, además, buscarán normar el tiempo que se les exige a las empresas para efectuar las inversiones de mitigación de olores y verificar que no se entre en contradicciones con los planos reguladores de las distintas zonas.

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A raíz de las bajas temperaturas que se han registrado en la zona y la necesidad de calefacción intradomiciliaria, el smog hace difícil la respiración del ambiente complicando a la población, ya que provoca enfermedades respiratorias.

Al respecto el Seremi de Medioambiente, Pedro Navarrete, manifestó que pudo percibir la situación y los valores del material particulado en suspensión son altos, según se ha informado.
La autoridad detalló que la estación de monitoreo oriente, ubicada en el cruce a Antuco, ya está en línea gracias a un convenio con Essbio, mientras que el aparato instalado en el recinto estadio entraría próximamente en funcionamiento.

Navarrete indicó que están trabajando en el problema, sin embargo son sólo parte de la solución, ya que la ciudadanía debe manifestar su voluntad cooperando con un plan de descontaminación.

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La autoridad comunal dijo que según el monitoreo diario que realizan las empresas de la zona Aes Gener y Codelco Ventanas, la comuna durante la madrugada tuvo tres peaks, entre las 2 y 8 de la mañana, que superaron los 500 ug/m3, los 1.200 ug/m3 y los 1.600 ug/m3 de SO2.

Dichos índices no infringen la norma chilena, pero superan lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que fija en 500 ug/m3 durante 10 minutos el máximo de exposición a este tipo de gas antes de sufrir riesgos.

“Vamos a entregar todos los días esta información al seremi de Salud, Medio Ambiente, a la Cámara y al Senado, para que vean que los quinteranos mientras duermen están siendo contaminados. Los peaks aquí se dan en la noche, porque los vientos cambian, y es una realidad que ha pasado desde hace 40 años”, dijo el alcalde Varas, quien insistió en que “el Estado de Chile le entregue los recursos, y si son particulares, que hagan la inversion, porque la ciudadanía no puede seguir pagando los costos del desarrollo con su vida”. La seremi de Salud V Región solicitó antecedentes a las empresas y realizará una visita inspectiva.

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La Asociación de Consumidores y Usuarios del Sur, calificó como grave que el Ministerio Público en La Araucanía, haya decidido cerrar la investigación contra altos ejecutivos de la empresa sanitaria Aguas Araucanía, por su responsabilidad en la contaminación del Río Cautín de Temuco, al verter a su caudal aguas servidas sin tratar.

El presidente de esta asociación ciudadana, Richard Caamaño, aseguró que el fiscal Cristián Crisosto, encargado de llevar la carpeta investigativa del caso, se equivocó al cerrar las indagaciones al interior de Aguas Araucanía, agregando que la opinión pública de Temuco sabe que esta situación fue un atentado al medio ambiente.

Caamaño señaló que “nos parece grave que la fiscalía de por cerrada la investigación contra los ejecutivos de la sanitaria por contaminación del río Cautín, la imagen que queda es de absoluta impunidad ante un atentado al medio ambiente y que claramente no fue al azar, alguien dio la orden de proceder con el bypass de agua cruda al río cuando no había ninguna razón técnica ni de fuerza mayor para hacerlo”, enfatizó.

Vertimiento doloso

El presidente de la Asociación de Consumidores agregó que “en este caso puntal el fiscal se equivoca y debe agotar todos los medios posibles a su alcance para encontrar a los responsables, por ende, lo emplazamos a continuar investigando hasta encontrar a quienes irresponsablemente utilizaron de mala forma un servicio por el cual, mas encima, se les paga para hacerlo bien”, indicó.

Hay que consignar que desde junio del año 2011, la Fiscalía investigaba formalmente a los ejecutivos de Aguas Araucanía, José Perelli Cisternas, gerente de operaciones y Ennio Canessa Cobos, como responsables de contaminar el río Cautín, tras el vertimiento doloso y reiterado a las aguas de agentes químicos y coliformes fecales en cantidades superiores a lo permitido por la normativa ambiental entre los años 2006 al 2009, al menos en 6 oportunidades.
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“En todas las instancias administrativas y legales en las que hemos participado hemos demostrado cumplir con la normativa ambiental vigente. Nuestro proyecto fue aprobado por la Corema, y luego, ratificado por la nueva institucionalidad ambiental. Posteriormente, la Corte Suprema confirmó de manera unánime el fallo de la Corte de Apelaciones de Talca que rechazó un recurso de protección en contra del proyecto, y de igual forma, la Comisión de Evaluación de la Región del Maule denegó unánimemente un proceso invalidatorio en contra de la RCA”, señaló Hidroeléctrica Centinela.

La empresa señaló que la revisión de los recursos de reclamación que hará el Comité de Ministros del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), es un procedimiento que forma parte de la institucionalidad ambiental, que es común en este tipo de proyectos. “El Comité de Ministros revisará los mismos argumentos que ya fueron desestimados por los tribunales de Justicia y por la Comisión de Evaluación del Maule, por lo que tenemos plena confianza en que nuestro proyecto demostrará una vez más que cumple cabalmente con la legislación ambiental vigente”, señaló Hidroeléctrica Centinela.

En esta etapa, la Dirección General de Aguas (DGA) ha planteado un conjunto de dudas técnicas respecto de algunos datos hidrológicos contenidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), para lo cual, en su mismo oficio ha señalado que “se encuentra disponible para realizar una reunión y recibir una aclaración escrita del titular que despejen totalmente las dudas encontradas durante el análisis”.

De acuerdo a lo anterior, Hidroeléctrica Centinela aclarará las dudas manifestadas por la Dirección General de Aguas.

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El Liceo Portezuelo de Pelequén tuvo que evacuar a sus 180 alumnos para prevenir intoxicaciones masivas.

Personal de bomberos, de la unidad Hazmat se presentó en el lugar realizando pruebas de PH al agua del canal para determinar su grado de toxicidad.

Personal del HAZMAT de la 1ra. Compañía de Bomberos de Rancagua, se presentó en el lugar, informando que la situación se habría controlado en horas de la tarde de ayer. Preliminarmente se constató una concentración de 3,3% de Acido Sulfhídrico en el ambiente, por lo que se aplicó un producto denominado “Marine Cas” tanto en el agua del canal como en la vegetación aledaña , la que forma una espuma y contrarresta el agente químico contaminante. Además se informó que la SEREMI de Salud se presentó en el lugar informándose en terreno sobre los detalles de la emergencia.

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El estudio denominado “EVALUACIÓN DE RIESGO A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA CUENCA DEL ESTERO EL COBRE”, está enfocado en la evaluación ambiental del Estero El Cobre con enfoque de riesgo a la salud de la población, considera una evaluación exploratoria del estero para identificar los parámetros de origen natural y las fuentes puntuales y difusas de contaminación antrópicas históricas y actuales, servirá para caracterizar los contaminantes de interés existentes y determinar si los niveles de contaminación representan riesgos a la salud de la población expuesta.

El Seremi de Medioambiente de la Región de Valparaíso Sr. Hernán Brücher Valenzuela ha estado en permanente contacto con los gestores de esta iniciativa, logrando que la comunidad local se encuentre atenta al desarrollo del mismo y esperanzada que desde el gobierno central se puedan generar las soluciones a la problemática ambiental que afecta a la comuna de Nogales. El estudio se encuentra a cargo del Centro Nacional del Medio Ambiente CENMA.´

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En el 2011 y luego de las declaraciones del director Regional de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, Tomás Irarrázaval, emitidas en un canal de televisión la Dirección General de Aguas (DGA) decidió solicitar al departamento de Conservación y Protección de Recursos Hídricos una serie de informes técnicos al respecto.

Luego de un año, en ese informe, se expresa que “al revisar la información contenida en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se observa que no fueron presentados los antecedentes que permitan verificar la bondad de las estimaciones entregadas por el titular, (Pablo Lois) respecto a los caudales en las cuencas intermedias entre la Central El Castillo y Centinela, información fundamental en la determinación del caudal (río Achibueno).

En conclusión este servicio (DGA) informa sobre la base de la revisión de los antecedentes entregados sobre la evaluación del proyecto; no existen  los respaldos suficientes para determinar en forma fehaciente, que el caudal propuesto satisfaga los requerimientos para la mantención de la biota (flora fauna) y los usos antrópicos (actividad humana) en el área de influencia del proyecto”.

De esta manera el Movimiento Achibueno recalcó que, “no es casualidad que una vez más, se demuestre que este proyecto es malo técnica y ahora ética y moralmente por todos los antecedentes expuestos”.

Por su parte, Herminda Quezada Presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Linares expresó que “el Intendente está pasando abiertamente a llevar  a las autoridades locales y todos los antecedentes que dicen el daño que quieren causar con las centrales en el Achibueno. Queremos que  las autoridades nacionales estén con Linares y su gente, ya esta demostrado lo inconveniente para Chile que es este proyecto privado”.

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La reciente presentación del proyecto de Ley Reforma Tributaria, dado a conocer por el Presidente Sebastián Piñera, ha generado cierta controversia en la opinion pública, principalmente por la efectividad de los beneficios anunciados para educación y la clase media. Sin poner en valor los alcances económicos del proyecto resulta interesante la inédita incorporación de impuestos verdes, que tienen el propósito de incentivar el cuidado al medio ambiente y la salud de los chilenos.

Sin duda estábamos en deuda en el ámbito de los gravámenes verdes, sobre todo  considerando la incorporación de Chile como miembro de la OCDE. Esto a raíz de la necesidad de avanzar en medidas que promuevan conductas más responsables y que incorporen las externalidades negativas, aludiendo al principio de “quien contamina paga”, otorgando a un  ente emisor la consideración de los costos ambientales de sus actos, y por consecuencia compensando el daño social y ambiental que provocan.

Desde la década de los ’90, los países miembros de la OCDE han incorporado numerosos impuestos ambientales y permisos de emisión, los que se han aplicado a productos y mayoritariamente -cerca del 90%- a las gasolinas, diesel y vehículos a motor.

Algunos de los impuestos ambientales propuestos por el organismo están orientados al pago directo sobre la cantidad y calidad de las descargas contaminantes, tales como vertido de agua, aire, residuos y ruido.

En Chile, para el caso específico de la Reforma Tributaria, se aplicarán “impuestos y subsidios verdes” a ciertos productos que tienen una baja vida útil y un gran período de degradación, como neumáticos, aceites y lubricantes, baterías, pilas y ampolletas. Se incorporará, además, algunos envases y embalajes, tales como productos tetra, vidrio, metal, bolsas plásticas y films, envases de otros plásticos y envases de PET.

El propósito de los impuestos verdes es mejorar la disposición de estos materiales tras su vida útil, evitando que lleguen a un relleno sanitario, disminuyendo así las miles de toneladas que actualmente se disponen, sin un mayor control que posibilite su reciclaje o la correcta disposición final.

Mayling Yuen

Directora de Proyectos de Fundación Casa de la Paz. Es Ingeniera en Medio Ambiente de la Universidad de Santiago de Chile, con Magíster © en Planificación y Gestión Ambiental de la Universidad de Chile. Profesional con 7 años de experiencia en temáticas ambientales, específicamente en las áreas de gestión de residuos y reciclaje, gestión ambiental participativa y educación ambiental.

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En paralelo a esta reforma, el Ministerio de Medio Ambiente se encuentra elaborando un anteproyecto de Ley General de Residuos, el que centra uno de sus focos en la Responsabilidad Extendida al Productor, que es definido por la OCDE como “la ampliación de las responsabilidades de los productores a la etapa de post consumo en el ciclo de vida de un producto”, medida que también es impulsada fuertemente por los países miembros de la organización. Los materiales priorizados en el anteproyecto coinciden con los  señalados en la reforma.

Por tanto, la aplicación de esta última presenta un gran desafío para el sector privado y los consumidores. La pregunta que surge es ¿cómo se avanzará en la incorporación de medidas preventivas e innovadoras que disminuyan las externalidades negativas, y proporcione alternativas más sustentables?

La OCDE señala que los impuestos ambientales tendrán mejores resultados en el contexto de una combinación de medidas políticas que incluya normativas, estándares, acuerdos voluntarios, permisos negociables, entre otras.

Esta perspectiva es clave, considerando que uno de los desafíos de impulsar sistemas de reciclaje masivo y eficientes incluye la articulación de diversos actores, que son parte de la cadena de valor, cada uno de los cuales tiene diversos intereses y requerimientos. A saber, la comunidad, recicladores, ONGs, el sector público y privado.

Ahora bien, cómo se vincula la recaudación de los impuestos con la implementación de medidas que fomenten el reciclaje. La reforma sólo menciona la conformación de un fondo para fomentar e incentivar el reciclaje de los productos priorizados, pero no detalla cómo ni cuándo se va a implementar.

Se podría pensar en la construcción participativa del fondo, que incorpore la visión de actores claves de la cadena de reciclaje, de modo de acercarse a soluciones viables y atingentes a la realidad actual.

Este anuncio permite avanzar en el debate sobre lo que busca Chile para crear una cultura ciudadana en torno al cuidado y la preservación del medio ambiente, que permita que el reciclaje de materiales no sea visto sólo como acciones individuales y aisladas, sino que como una política país.

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